El Sáhara arde y nadie sabe cómo apagar el fuego

A raíz de mi último post sobre la periodista saharaui Ebbaba Hameida, he reflexionado sobre el conflicto en Sáhara Occidental y sobre la vulneración de derechos a la que está sometido el pueblo saharaui.

En la imagen podéis ver el mapa del Sáhara Occidental junto a la brecha ilegal que mide 2700km y separa los territorios ocupados por Marruecos de los liberados por el Frente Polisario.

Resulta difícil ser optimista sobre la resolución del conflicto después del rechazo definitivo de Marruecos al Plan Baker II pese a ser aprobado por el Frente Polisario aunque era una pésima solución para el pueblo saharaui. A todo ello se suma que no parece que las Naciones Unidas vayan a ser capaces de desbloquear esta situación.

El conflicto en el Sahara Occidental no puede prolongarse indefinidamente, ya que existen razones políticas y jurídicas que impiden a Marruecos consolidar esta situación. El Sahara Occidental es un territorio pendiente de descolonización y sobre dicho territorio Marruecos no tiene ningún derecho. Hace cuarenta y cinco años de la “marcha verde” que supuso la ocupación del Territorio y a día de hoy ningún Estado reconoce la anexión, siendo esto un gran problema diplomático para Marruecos. Sin embargo, cabe señalar que la República Árabe Saharaui Democrática es miembro de pleno derecho de la Unión Africana, reconocido por más de los setenta Estados de todo el mundo.

Otra de las cuestiones a tener en cuenta es la razón humanitaria, la población saharaui lleva sufriendo cuarenta y cinco años la ocupación marroquí, su represión y las malas condiciones de vida para aquellos que sufren la dura vida de la hammada argelina de los campamentos de refugiados en Tunduf (Argelia). Esta cuestión debería ser suficiente para que la comunidad internacional imponga una solución acorde con el ordenamiento internacional.

Por otro lado, la mayoría de la sociedad desconoce la gravedad del conflicto, esto se debe a que la ausencia de los medios de información no oficiales ha favorecido a la escasa repercusión internacional sobre el aumento de la represión militar marroquí durante los últimos años. Por lo tanto, debería existir una conciencia social mayor con dicho conflicto. La sociedad debe ser consciente de la vulneración de derechos que sufre un pueblo por un conflicto del que no es culpable. La desesperación por la espera de una justicia que nunca llega ha llevado al pueblo saharaui el pasado 14 de noviembre a decir basta. Los saharauis piensan que ya no tienen nada que perder. Patria o muerte.

En cuanto al papel de España en el conflicto, considero que juega un papel muy secundario pese a la gran responsabilidad histórica que ha provocado la situación actual. Debería admitir la verdadera responsabilidad que tiene y asumir la defensa de la legalidad internacional. El problema es que parece que Marruecos pretende que quien sufre las consecuencias de una violación del derecho internacional al invadir un territorio debe tener en su mano a quien lo invade, y que no le quede más remedio que renunciar y regalar su propio territorio.

En definitiva, cuesta entender cómo por intereses económicos y políticos los Estados miembros de la ONU no consideran la ocupación marroquí como una violación ilegal del territorio aun no descolonizado del Sahara Occidental ya que Marruecos ha violado la ley internacional. Bajo mi punto de vista no sería justo ni legal para el pueblo saharaui una resolución del conflicto que no pase por el sufragio universal de los saharauis, no llegaría a ser nunca una solución definitiva, y ahí es donde la ONU y el Gobierno de España debería trabajar para que no suceda teniendo en cuenta las cuestiones jurídicas y humanitarias comentadas anteriormente.

El Sáhara arde y nadie sabe cómo (o no interesa) apagar el fuego. ¿Hasta cuándo? Esa es la pregunta.

Aitana Ocaña Plasencia.